Aún no ha cumplido once -11- meses al frente del Gobierno de España, pero las decisiones políticas del Presidente Rajoy están pasando, como si estas galoparan sobre Othar, legendario caballo de Atila, por encima de nuestros derechos sociales, económicos y laborales, dilapidando eso que, ingenuos, veníamos en denominar nuestro Estado de Bienestar.

Así, bajo la excusa -para unos-, o imposición -para otros-, de la necesidad de acometer importantes recortes en el Gasto Público e incrementar los ingresos aumentando la presión fiscal; en apenas 320 días de gobierno efectivo, se ha procedido a aprobar, desde el Ejecutivo Central, una docena de Normas Jurídicas que, con la -en teoría- loable intención de controlar y reducir el acuciante déficit público, han dado al traste con buena parte de los avances sociales que habíamos conseguido en las últimas décadas.

En definitiva, doce -12- decisiones del Gobierno de España que, expresadas vía Ley o Real Decreto Ley, tras otros tantos Consejos de Ministros, justifican sobradamente -a juicio de quien suscribe- la convocatoria de Huelga General planteada por las principales fuerzas sindicales de España, y respaldada por centenares de colectivos sociales, para el próximo miércoles 14 de noviembre.

Y si creen que exagero o que, como dicen por ahí, no hay motivos suficientes para realizar una Huelga General, pasen y lean los aspectos más destacados de cada una de estas Normas Jurídicas que les enumero cronológicamente a continuación:

1. Real Decreto 20/2011 de MEDIDAS URGENTES en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.

El viernes 30 de enero de 2011, en su segundo Consejo de Ministros, apenas nueve -9- días después de tomar posesión, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó este Real Decreto que suponía un importante recorte del gasto público (cuantificado en unos 8.900 millones de euros) y un igualmente significativo aumento de los ingresos fiscales (que perseguían la recaudación de 6.275 millones de euros) mediante la subida de impuestos.

Apenas una semana después de acceder al Gobierno, el Sr. Rajoy, bajo la excusa de ‘la herencia recibida’, decidió incumplir su Programa Electoral… La verdad, en España nunca nos hemos tomado los Programas Electorales como un dogma de fe; pero, siendo sinceros, jamás habíamos visto un incumplimiento tan precoz.

Pues bien, este contundente Real Decreto, que sólo fue el primero, no podemos verle como inocuo a nuestros derechos, ya que contenía medidas tan lesivos para los intereses de los pobres ‘españolitos’ (y españolitas) como la subida de sendos impuestos directos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mediante la subida (cínicamente tildada de ‘solidaria’) de la cuota del IRPF que pagamos los trabajadores en nuestras nóminas, subida que osciló entre el 0,75% y el 7%, dependiendo de la base liquidable; y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) previsto para los dos próximos años para determinados tipos de vivienda.

Pero este Real Decreto, también recogía otras medidas -igualmente ‘solidarias’- como fueron la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI), en los 641,40 €; la congelación del salario de todos los empleados públicos y la ampliación de la jornada laboral en la Administración Pública a 37,5 horas semanales; sin olvidar la insolidaria decisión de dejar de aplicar Ley de Dependencia, al menos durante el año 2012; o la eliminación de la renta de emancipación de nuestros jóvenes; así como la práctica desaparición de la bonificación al gasóleo profesional; eso sí, aprobando en paralelo, para minimizar el rechazo social, un raquítico aumento mínimo de las pensiones en un 1%, algo que en la práctica -con la subida de la carestía de la vida y la subida de impuestos- supone una reducción del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

Del mismo modo, supuso el comienzo del huracán de recortes del Partido Popular en la Administración Pública, contemplando drásticos recortes en Ministerios con fuerte contenido social, como Educación, que sufrió una primera reducción presupuestaria por valor de 485 millones; Empleo, 439 millones; o Sanidad, 409 millones.

2. Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la REFORMA DEL MERCADO LABORAL.

No se habían cumplido tres meses de gobierno, y el Sr. Rajoy, despreciando el Dialogo Social y atendiendo sólo los criterios y reivindicaciones de la parte empresarial, mediante este Real Decreto modificaba unilateralmente las relaciones laborales en nuestro país.

Así, nos encontramos ante la reforma del despido único, bajo el eufemismo de ‘Despido Objetivo‘, ya que contempla la posibilidad de despedir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; entendiendo que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente.

Asimismo, este Real Decreto generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades. Al tiempo que establece un nuevo ‘Contrato de Apoyo a los Emprendedores’ que marca un período de prueba obligatorio de un año de duración, una auténtica barbaridad, mediante la modificación del ‘Contrato para la Formación y el Aprendizaje’. Por otra parte, en materia de intermediación laboral, el Gobierno autoriza a las empresas de Trabajo Temporal para actuar como ‘Agencias Privadas de Colocación’.

Por otra parte, en relación con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ante la suspensión del contrato y reducción de jornada, este Real Decreto elimina la autorización administrativa previa para los ERE suspensivos o de reducción de jornada. A partir de este instante, basta con la simple comunicación a la autoridad laboral; y se contempla la bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad social por contingencias comunes, de trabajadores afectados por el ERE suspensivo o de reducción.

Mientras que ante el despido colectivo en dichos Expedientes de Regulación de Empleo, se entenderá que hay disminución persistente del nivel de ingresos si se produce durante tres trimestres consecutivos; y no se exige autorización administrativa previa.

Por último recordar que, en la práctica, este Real Decreto dinamita los Convenios Colectivos, ya que contempla que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (es decir, cuando el empresario quiera) se podrá ‘no aplicar’ en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, en cualquier materia (Jornada de trabajo, Horario y distribución del tiempo de trabajo, Régimen de trabajo a turnos, Salario, Movilidad, etc).

No olvidemos que esta Reforma Laboral fue el detonante, dada su agresividad para con los trabajadores, de una convocatoria de Huelga General, la primera al Gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo lugar el 29 de marzo de 2012.

3. Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.

Llama la atención que, cuando el PSOE gobernaba España, y dejó entrever la posibilidad de aprobar una amnistía fiscal por los beneficios que ello supondrían en las arcas públicas; el Partido Popular, entonces desde la oposición, criticó duramente la posibilidad de que se concediera una amnistía fiscal, ya que ello supondría “un trato de favor a los evasores fiscales, en detrimento de todos aquellos que cumplían no sólo con los plazos, sino también con el pago de sus deudas fiscales” (Soraya Saenz de Santamaría, dixit).

No soy muy dado a coincidir con postulado alguno de la actual Vicepresidenta del Gobierno, pero en este caso coincido con lo que entonces ella decía desde la oposición, ya que creo firmemente que una amnistía fiscal no solucionará nunca el problema del fraude fiscal en España.

Pero claro, “una cosa es predicar y otra dar trigo”, que decían nuestros mayores… Porque una cosa es lo que la Sra. Saenz de Santamaría decía con el PSOE en el Gobierno, y otra muy diferente lo que aprueba desde el Gobierno. Y es que esta Norma, se recoge la ‘Declaración tributaria especial’, eufemismo con el que se pretende el ‘afloramiento de rentas relacionadas con bienes o derechos no declarados‘, mediante el pago del 10% del valor declarado.

Dicho con otras palabras: con esta Norma, el Gobierno aprueba una ‘amnistía fiscal’ para quienes voluntariamente se pongan al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando situaciones pasadas. La llamada amnistía fiscal hace referencia al dispositivo legislativo que subsana comportamientos irregulares o ilícitos del contribuyente, y esta medida contempla una regularización tributaria que no es otra cosa que una amnistía fiscal contraria a la justicia distributiva y totalmente ineficaz.

Y por si esto fuera poco, encima parece que los resultados obtenidos se alejan mucho de los marcados… Ya que, desde el Gobierno, se esperaba que aflorasen 25.000 millones en bienes y patrimonio declarado, lo que vendría a suponer una recaudación de 2.500 millones de euros; y según hemos visto estos días en la prensa, lo ingresado ocho -8- meses después, apenas ronda los 50 millones. Lo que certifica que está siendo un absoluto fracaso.

4. Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Este Real Decreto Ley denominado, eufemísticamente, para la ‘Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo’, contemplaba un recorte de más de 3.000 millones de euros en el sistema público educativo; sin duda alguna la mayor agresión nunca sufrida por la educación pública española en nuestra historia democrática.

Unos recortes que, más allá del pretendido objetivo de la estabilidad presupuestaria, nadie puede poner en duda que tenían un fuerte contenido ideológico que, se está traduciendo en un desmantelamiento del sistema público de educación en nuestro país y, con ello, estamos yendo a la ruptura de un modelo tácitamente acordado desde la Transición. Algunas de las medidas más destacadas entre estos recortes (medidas de ahorro en el argot ministerial) han sido:

• El aumento de la ratio de alumnos por aula de hasta un 20% (lo que ha supuesto pasar de 25 a 30 alumnos en enseñanza primaria, de 30 a 36 en ESO, y de 35 a 42 en Bachillerato).
• El aumento del número de horas lectivas del profesorado (que se suma al recorte de sus salarios decretado por la mayoría de las Comunidades Autónomas).
• La no cobertura de las bajas de profesores de una duración inferior a los 15 días.
• La introducción de tasas de hasta 350 euros en la Formación Profesional de Grado Superior.
• Y la subida de las tasas universitarias (que incluso motivó un plante de los Rectores al propio Ministro).

Unos recortes que, en la práctica, han supuesto el despido masivo de profesorado (cuantificado en entre 35.000 y 40.000 despidos), la merma en la calidad del sistema (nadie en su sano juicio puede dar por bueno el argumento del Ministro Wert, que sostiene que todos estos recortes presupuestarios no afectan a la calidad), la pérdida de la equidad (ya que es evidente que el despido de decenas de miles de profesores supone en la práctica la desaparición de medidas de atención a la diversidad); y la ruptura del principio de igualdad de oportunidades (ya que la subida de tasas universitarias, y la paralela bajada de becas, convierten la Universidad en un destino sólo para ‘los muy buenos’ o para quienes ‘se lo puedan pagar’).

5. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Sin duda alguna el 20 de abril de 2012 pasará a la historia de nuestro país como una jornada nefasta para nuestro Estado del Bienestar Social, porque a los referidos recortes en educación, hemos de sumar los recortes en materia sanitaria… Así, este Real Decreto Ley introduce de un nuevo sistema de ‘copago’ de los medicamentos proporcional en parte al nivel de renta y aplicable también a las prestaciones de la cartera común suplementaria. Del mismo modo, busca potenciar el uso de genéricos y adecuar los envases a la duración de los tratamientos, pretendiendo un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.

Esta medida, también revisa, a la baja, el ‘Catálogo de Prestaciones sanitarias’, eliminando la cobertura de prótesis, transporte no urgente de viajeros, o los productos dietéticos. A lo que hay que unirle que las Comunidades Autónomas, para compensar la reducción de ingresos del Estado, han comenzado a aplicar el llamado ‘céntimo sanitario’ en combustibles, recayendo la carga en los ciudadanos a la hora de repostar sus vehículos.

6. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA y sostenibilidad financiera.

Esta Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Ejecutivo representa, de facto, una vulneración del acuerdo por la reforma constitucional suscrito entre el anterior Gobierno de España presidido por Zapatero y el Partido Popular del Sr. Rajoy, entonces en la oposición. Ya que el objetivo del déficit estructural cero que recoge la Ley, es mucho más estricto que el que pactaron ambas formaciones políticas en el verano de 2011, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, y obliga a todas las administraciones públicas a presentar equilibrio o superávit a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces. Dicho de otro modo, obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020.

En definitiva, y esto es en lo que más nos puede afectar a cada uno de nosotros en nuestro quehacer cotidiano, esta Ley de Estabilidad Presupuestaria deja muy poco margen de maniobra a las Administraciones Públicas para atender sus pagos; de manera que la propia Ley determina el orden de los pagos: primero las obligaciones de operaciones financieras, y luego las nóminas y los servicios públicos. Es decir, primero los bancos, y luego los ciudadanos.

7. Ley 2/2012, de 29 de junio, de PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012.

Si lo aprobado e impulsado hasta la fecha por el ejecutivo de Mariano Rajoy, no había sido suficiente, la llegada del verano, trajo consigo un endurecimiento mayor, si cabe, de las medidas aprobadas por el Gobierno de España, y que tuvieron su primer expresión en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, o más exactamente para el segundo semestre de este año, y que supusieron un drástico recorte del Gasto Público, contemplando un nuevo recorte de 27.300 millones de euros, todo ello en aras a poder cumplir con el objetivo de déficit del 5,3% marcado por la Unión Europea.

Ahondando también en el incumplimiento de su Programa Electoral, Mariano Rajoy, se desdijo de lo mil veces dicho, y presupuestó un aumento de ingresos por vía de una nueva subida de impuestos, aprobando incluso la subida del IVA (efectiva desde el pasado 1 de septiembre de 2012).

Estos presupuestos han atacado los pilares más básicos del Estado de Bienestar, contemplando un recorte adicional de 10.000 millones de euros en la Sanidad pública y en la Educación pública. Conteniendo a su vez la normalización del llamado ‘Repago Sanitario’.

Incluso, como muestra de insensibilidad social del Ejecutivo Central, los PGE 2012 contemplaban la finalización de la ayuda de 400 euros que reciben los parados que no cobran ninguna prestación, que había aprobado en su día el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y cuya aplicación se encontraba a punto de finalizar. Menos mal que, finalmente, la presión social permitió una nueva rectificación del Gobierno de España, y el posterior anuncio de una nueva prorroga de su pago… Veremos hasta cuándo.

Recordemos que el debate parlamentario de estos Presupuestos Generales del Estado, pasarán a la memoria colectiva por el tristemente famoso grito “¡Qué se jodan!”, de la -todavía- Diputada del Partido Popular por Castellón, Andrea Fabra. Y es que mientras se aplicaban dramáticos recortes sociales, al tiempo se garantizaban fondos para rescatar a la Banca, más de 65.000 millones de euros (22.100 M€, lo pondrán los trabajadores y la inmensa mayoría de los ciudadanos de su bolsillo con la subida del IVA; 9.220 Millones de euros, lo pondrán los empleados públicos con la eliminación de la paga de navidad y otros recortes como reducción de días de libre disposición; 13.760 M€, los desempleados con el recorte de las prestaciones y el subsidio por desempleo; 1.360 M€, las personas en situación de dependencia; y otros 4.110 M€, los trabajadores por la eliminación de la deducción en la adquisición de la vivienda en el IRPF).

Y no olvidemos que este duro recorte se ha hecho a costa de arrebatarnos lo que es nuestro: atacar al corazón de la protección social, mediante la reducción de las prestaciones y los subsidios por desempleo; aniquilar un pilar del Estado del Bienestar como es la atención a la dependencia; degradar las condiciones laborales y los salarios de los empleados públicos; y empobrecer al conjunto de los trabajadores con la subida de los impuestos indirectos.

8. Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la REFORMA DEL MERCADO LABORAL.

En la línea del endurecimiento apuntado, y por si la primera Reforma Laboral que recordemos, trajo consigo la convocatoria de una Huelga General, no había sido suficientemente dura, a través de esta nueva Ley se regularon diferentes aspectos que habían quedado en el aire, y se endureció sobremanera el mercado laboral de nuestro país para los intereses de los más débiles: los trabajadores.

Así, la nueva Ley introduce reformas en determinadas modalidades de contratación; al tiempo que justifica el despido si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior; mientras que para el despido objetivo por absentismo computan las faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos.

Del mismo modo, esta Ley modifica el ‘Descuelgue salarial por causas económicas‘. Así, se considerará persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Vamos que, siendo realistas, cualquier empresa, dada la grave crisis que estamos atravesando, puede decidir unilateralmente la reducción de salarios a sus empleados, gracias a la nueva Ley Laboral del Sr. Rajoy.

9. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.

En la línea del precitado endurecimiento veraniego, a través de este Real Decreto, aprobado tres semanas después de haber aprobado unos ya de por si duros Presupuestos Generales del Estado, mediante el que aplican el mayor recorte de la historia de la democracia abordando un hachazo de 65.000 millones de € en el gasto público en el plazo de dos años para alcanzar los ansiados objetivos de déficit público.

Se completa la subida de impuestos, contraria a lo comprometido por Rajoy en la Campaña Electoral del 20-N, de manera que se aprueba definitivamente la subida del IVA (el tipo general aumenta 3 puntos, pasando del 18 % al 21%; el tipo reducido sube dos puntos para situarse en el 10%; hay productos que suben 13 puntos de golpe; y se mantiene el denominado tipo superreducido, que grava bienes de primera necesidad, en el 4%); se actualiza la subida de la imposición del tabaco; se crea el ‘céntimo verde’ (tasa sobre los hidrocarburos); y se modifican los impuestos que gravan la energía, con vistas a reducir el déficit de tarifa.

Por otra parte, se aprueba un dramático abanico de recortes sociales, tales como: la supresión de la deducción por compra de vivienda habitual (a partir del 1 de enero de 2013); la práctica supresión de todas las bonificaciones a la contratación; así como nuevos recortes en las Prestaciones y en los subsidios por Desempleo; además de los recortes en los salarios y derechos de los Empleados Públicos, mediante la eliminación de la ‘Paga Extraordinaria de Navidad’, la reducción del número de días de libre disposición -quedándose únicamente en 3 días- y mediante la ampliación de la jornada laboral; sin olvidar los graves recortes en la aplicación de la Ley de la Dependencia mediante la rebaja de un 13 % en la financiación básica para la atención de los dependientes que percibían las Comunidades Autónomas, y reduciendo la paga de las cuidadoras familiares en un 15%; y el recorte de un 30 % de la Renta Básica de Emancipación, pasando de los 210 € a las 140€ al mes.

Sin duda alguna, este Real Decreto supone el mayor zarpazo que se ha dado nunca a buena parte de los avances sociales que habíamos conseguido en nuestro país, tras décadas de lucha. Y es, en si mismo, el motivo principal que de por sí justifica la convocatoria de Huelga General del próximo 14 de noviembre.

10. Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Tras soportar una fuerte presión social, capitaneada por el principal partido de la oposición, el PSOE, el Gobierno de España se vio obligado a dar marcha atrás y rectificar su intención de suspender las ayudas de 400 euros a desempleados sin ningún tipo de prestación. Pero, como en todo, el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta cuando rectifica, lo hace recortando derechos.

Así, con este nuevo Real Decreto Ley, los parados que quieran cobrar las ayudas de 400 euros, o de 450 en el caso de aquellos que tengan más de tres o más personas a su cargo, deberán superar más cribas para tener derecho a las mismas. Así, cuando agoten el subsidio por desempleo, las personas que soliciten la ayuda tendrán que demostrar que han buscado trabajo durante un plazo no menor de 30 días, lo que tiene una consecuencia inmediata: deberán estar al menos un mes sin recibir ningún tipo de prestación.

Este Real Decreto deja fuera a toda persona, joven o no, que no tenga otras cargas familiares distintas de la suya. Es decir, deja fuera a las personas que viven solas o que lo hagan en el domicilio de otras, sean sus padres o no, con lo que carecerán de ingreso alguno y, en su caso, no podrán contribuir a los gastos que genere su estancia en la vivienda en la que encuentren acogida.

Por concluir señalar que, para justificar su rectificación, el Gobierno de Rajoy, justificó que esta ayuda debía ser corregida “dado que no conseguía la reinserción laboral de los parados, porque estos se acomodaban y no buscaban empleo”; algo que ha causado indignación, ya que el argumento empleado responsabiliza a los parados de su situación, a los que viene a recriminar que no busquen empleo con intención de encontrarlo, una actitud mezquina.

11. Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Esta Ley, que supone una modificación, no menor, de la anterior Ley de Estabilidad, contempla una serie de mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; de tal manera que las entidades públicas que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez o lo hayan solicitado durante 2012, vendrán obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un ‘Plan de Ajuste’ que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Trasladado a cómo nos afectará esta medida a los ciudadanos de a pie, podríamos decir que los Planes de Ajuste que se formalicen, dejarán un escaso margen de maniobra a las Administraciones Públicas afectadas a la hora de atender sus pagos; de manera que, al igual que ya contemplaba la anterior Ley para el propio gobierno central, el orden de los pagos en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ‘rescatados’, será el siguiente: primero las obligaciones de operaciones financieras, y luego las nóminas y los servicios públicos.

12. Proyecto de Ley de PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013, presentados el 29 de septiembre de 2012, se encuentran en plena tramitación parlamentaria.

Este proyecto de Presupuestos suponen una vuelta de tuerca más en el proceso de reducción del gasto social y consiguiente desmantelamiento del Estado de Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy desde su primer Consejo de Ministros, y que se visualiza claramente en esta docena de Leyes y Reales Decretos.
En los Presupuestos que se disponen a aprobar para el próximo ejercicio 2013, la política educativa se reduce nuevamente, en esta ocasión en un 14´4%, más de 326 millones de euros; del mismo modo, el descenso presupuestario en Becas puede llegar a suponer la desaparición de casi 300.000 becarios.
Por su parte, el recorte en sanidad y servicios sociales supone casi el triple que la media del resto de ministerios. Se reduce un 22,6% respecto a 2012. Lo que constata que este Gobierno tiene una cruzada particular contra la sanidad pública y la educación pública.
Del mismo modo, contempla un nuevo recorte en la red básica de servicios sociales, lo que supondrá, de aprobarse, una reducción de esta partida en un 65% desde el ejercicio 2011. Una auténtica barbaridad. Que, resulta aún más dramática si lo unimos al hecho de que el Gobierno del PP ha recortado el apoyo a la Dependencia en más de un 30%, lo que viene representa el desmantelamiento y colapso del propio sistema de dependencia.
Y, como todo lo social molesta en el Ejecutivo Rajoy, también presupuestan la desaparición del Plan Personalizado de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género y las campañas de prevención contra esta lacra social.
A lo que hay que añadir que los Presupuestos que están en tramitación se basan en unos pilares de barro, dado que las previsiones de crecimiento que contienen son, a todas luces, irreales. Sin ir más lejos, la propia Comisión Europea prevé que el PIB español caiga el 1,4 % este año y el próximo, el triple de lo previsto por España. Una caída tres veces mayor en la economía de la que espera el Gobierno de Rajoy, y una deuda pública casi tres puntos más alta, hasta superar el 92,7 %. Así como un déficit nominal con 1,7 puntos porcentuales más para este año y 1,5 para el próximo. Incluso si se elimina el punto porcentual que suponen las ayudas a la banca, sigue siendo mayor de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
En definitiva, que nos encontramos ante un proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2013, antisociales, irreales e inútiles para salir de la crisis…

Vistas todas estas medidas impulsadas desde el Ejecutivo Central, parece evidente que la ideología se convierte en un elemento central de esta política que nos quieren presentar como ineludible. Todas sus medidas suponen recortes en nuestros derechos sociales, económicos o laborales, y las justifican como inevitables, hurtando de esta manera la propia existencia de otras alternativas, que combinen la necesaria austeridad con los necesarios estímulos al crecimiento.

Es por eso que entiendo que, con estas 12 Normas Jurídicas, como señalaba al principio de mi exposición, el Gobierno de España ha dado al traste con buena parte de los avances sociales que habíamos conseguido en las últimas décadas. Por lo que, a mi juicio, justifican sobradamente la convocatoria de Huelga General planteada por las principales fuerzas sindicales de España, y respaldada por centenares de colectivos sociales, para el próximo miércoles 14 de noviembre.

Una Huelga General que yo si haré… Porque, créanme, pocas veces un Gobierno ha sido tan dañino para sus ciudadanos, en tan poco tiempo.